Agenda social compartida por las plataformas y mesas territoriales del tercer sector

El siguiente documento resumen las aportaciones y propuestas respecto a la Agenda Común del Tercer Sector en el ámbito territorial, que se produjeron en la reunión de constitución del Comité de Coordinación Territorial de la Plataforma del Tercer Sector, el pasado 23 de septiembre de 2019. Así mismo, ha tenido como marco de referencia el Decálogo de Propuestas de la Plataforma del Tercer Sector a las elecciones autonómicas 2018/2019 consensuado con las plataformas y mesas territoriales.

La Agenda Común de las plataformas territoriales se articula en dos ejes: FORTALEZA INTERNA y la DEFENSA DE LA AGENDA SOCIAL.

FORTALEZA INTERNA de las plataformas y mesas territoriales

Impulso a la transparencia y comunicación interna:
  • Garantizar la máxima participación de los/las representantes de las entidades miembros en los órganos de participación de las plataformas y mesas territoriales y fortalecer el compromiso institucional de sus socios.
  • Estimular la articulación territorial de la acción social y de las entidades sociales que lo promueven, tanto a nivel provincial como municipal.
  • Generar y compartir estudios e investigaciones sobre cuestiones estratégicas del Tercer Sector que redunde en la legitimidad de las plataformas territoriales.
  • Compromiso con la gestión de la calidad, con el principio de transparencia y la rendición de cuentas.
  • Elaborar un protocolo sobre la admisibilidad de nuevas entidades en las plataformas o mesas territoriales, en base a criterios mínimos de común acuerdo.

 

Promoción e implementación de planes específicos:
  • Impulso al desarrollo y seguimiento de los Planes de Igualdad de género y de los criterios de igualdad entre las entidades miembros de las plataformas y en el conjunto del Tercer Sector de Acción Social.
  • Promoción y alineamiento con los ODS en los planes de trabajo de las entidades. En este sentido, las plataformas deben asumir y trabajar en el marco de la Agenda 2030 para sumarse a la Alianza Mundial a favor de los derechos de las personas.

DEFENSA DE LA AGENDA SOCIAL

 Interlocución e Incidencia Política:
  • Estimular y consolidar la interlocución directa con la Administración Autonómica y formar parte de sus órganos de participación y de los grupos de trabajo específicos, para trasladar los objetivos de la Agenda política de las plataformas.
  • Activar Comisiones Mixtas de trabajo entre las Consejerías responsables de las políticas sociales y las plataformas y mesas territoriales para abordar cuestiones como la sostenibilidad del Sector, el desarrollo reglamentario de la Ley del Tercer Sector y otras medidas que se consideren relevantes.
  • Expandir y amplificar el diálogo a otras Consejerías para lograr la transversalidad en el enfoque y en la implementación de los temas, en defensa de las personas en situación de pobreza o vulnerabilidad social.
  • Crear Mesas de Diálogo Civil, como instrumentos de participación, de carácter permanente entre el Gobierno autonómico y la plataforma territorial de representación del tercer sector, que institucionalice la interlocución y la negociación en la construcción consensuada de las políticas sociales y de inclusión en los territorios.
  • Promover el diálogo con partidos políticos y grupos parlamentarios para la identificación de cuestiones relevantes y de interés compartido.
  • Abrir vías de diálogo con los sindicatos para la identificación de cuestiones de interés compartido y para aunar esfuerzos en la defensa de los derechos e intereses sociales de la ciudadanía, principalmente de las personas en situación de pobreza o riesgo de exclusión.
  • Fomentar una estrategia de colaboración con las organizaciones empresariales para impulsar líneas de trabajo conjunta y estimular colaboraciones para lograr sociedades más justas, equitativas, inclusivas e igualitarias.
  • Fomentar un Pacto de los derechos sociales de las personas que requiere el impulso de los parlamentos autonómicos para proponer una modificación de nuestro marco constitucional, de tal forma que se incorporen los derechos sociales como derechos fundamentales.
  • Impulsar una Estrategia Autonómica de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social para hacer frente a las situaciones de pobreza y exclusión social, favoreciendo que el crecimiento económico actual sea inclusivo y en beneficio de todas las personas, en especial de quienes han sufrido del modo más severo la crisis económica de los últimos años.

 

Impulso normativo:
  • Desarrollar Leyes territoriales del Tercer Sector de Acción Social, que reconozcan jurídicamente, y den soporte y estabilidad institucional y económica al conjunto de entidades que integran esta parte de la sociedad civil organizada.
  • Armonizar y actualizar las leyes de Rentas Mínimas de Inclusión destinadas a las personas en situación de exclusión social para que permitan mantener unas condiciones mínimas de participación, acceso a bienes básicos y desarrollo humano.
  • Promocionar las Leyes autonómicas de Garantía de Derechos y de Servicios Sociales, de última generación, en clave de derecho subjetivo y cumplimiento efectivo de sus previsiones, que defina un catálogo de prestaciones y servicios que aseguren la inclusión social de la ciudadanía.
  • En el marco del nuevo modelo de derechos y servicios sociales, se ha de regular legalmente el “concierto social” para garantizar su continuidad, calidad y sostenibilidad, desarrollando la reserva de contratos y las cláusulas sociales en la contratación pública.
  • Actualizar las leyes del voluntariado como elemento de construcción de capital social, de cohesión solidaria y de crecimiento personal.
  • Aprobar una legislación autonómica de igualdad de trato y no discriminación que garantice la igualdad entre todos y todas las personas, en todos los asuntos concernientes a la administración, políticas y estrategias públicas.
  • Actualizar la normativa legal en materia de accesibilidad universal, contando con regulación de última generación.

 

Sostenibilidad económica del Tercer Sector:
  • Incidir en la adopción de un nuevo modelo de financiación para las entidades del Tercer Sector de ámbito autonómico que dote de estabilidad y seguridad al sector, apoyando técnica y económicamente una modernización organizativa y funcional de las entidades del Tercer Sector.
  • Promover la mejora de las partidas presupuestarias, previstas para el Tercer Sector en el ámbito territorial, en los Presupuestos Generales de las Comunidades Autónomas.
  • Seguimiento, análisis y evaluación de las convocatorias de las subvenciones del 0,7% del IRPF del tramo autonómico. Trabajo en red colaborativo para compartir información y diagnóstico, así como el impacto respecto a la atención de necesidades entre las personas vulnerables. Incidir ante la administración autonómica para que la financiación de la convocatoria se incluya en los PG de las CCAA.
  • Orientar los fondos europeos que reciban las Comunidades Autónomas a políticas, estrategias y acciones innovadoras de inclusión social de grupos ciudadanos en situación de vulnerabilidad, dando entrada al tercer sector en los procesos de decisión sobre su diseño, gestión, administración y evaluación.
  • Reclamar a la administración autonómica una financiación adecuada y sostenible para las plataformas y mesas territoriales.
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