El COVID-19 ha puesto en evidencia grandes defectos en las políticas públicas para combatir la pobreza en España
Estas son la palabras de Philip Alston, Relator Especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos. El Covid-19 ha puesto en evidencia los graves defectos en las políticas públicas para combatir la pobreza España.
La red de protección social de España ya era completamente inadecuada antes del Covid-19, pero desde entonces la pandemia ha puesto en evidencia cuán profundamente le está fallando a la gente, dijo Philip Alston, ex Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, cuyo informe sobre su visita oficial al país este año fue publicado hoy. La adopción de un Ingreso Mínimo Vital a nivel nacional tiene una gran importancia simbólica, pero es solo la primera de muchas medidas que deberían tomarse con urgencia.
Alston visitó España del 27 de enero al 7 de febrero de 2020, y encontró “niveles aterradores de pobreza y exclusión, políticas gubernamentales que no llegan a las personas que necesitan apoyo y niveles escandalosamente altos de desigualdad”.
Incluso antes de la pandemia, el 26,1 por ciento de la población en España y el 29,5 por ciento de los niños se encontraban en riesgo de pobreza o de exclusión social, una de las tasas más altas en Europa. Más de la mitad experimentaba dificultades para llegar a fin de mes y el 5,4 por ciento sufría carencia material severa. La tasa de paro era del 13,78 por ciento.
La Protección Social en España mal financiada
“La pobreza en España está anclada en un sistema de protección social que está roto e insuficientemente financiado, en el que es imposible orientarse y que no llega a las personas que más lo necesitan”, dijo Alston. “La necesidad de reformas en profundidad ha quedado aún en mayor evidencia desde mi visita. El COVID-19 ha arrojado luz sobre las graves deficiencias en las políticas del gobierno central y las comunidades autónomas para combatir la pobreza, con millones de personas que no pueden trabajar sufriendo por retrasos en el pago de prestaciones, problemas técnicos y una asistencia inadecuada”.
“Afortunadamente, el gobierno ha reaccionado a la pandemia con una serie de iniciativas positivas para proteger a las personas en situación precaria, incluidas nuevas medidas para proteger empleos y viviendas, extender la protección al colectivo de trabajadoras domésticas y un nuevo Ingreso Mínimo Vital a nivel nacional para apoyar a 850.000 familias vulnerables. Todo ello supone una gran mejora con respecto a la respuesta a la última recesión, con la que se enquistó la pobreza y que llevó a una explosión de desigualdad”.
Alston viajó a Madrid, Galicia, el País Vasco, Extremadura, Andalucía y Cataluña, y se reunió con personas afectadas por la pobreza, funcionarios públicos de los ámbitos municipal, autonómico y central, así como con activistas, académicos y representantes de organizaciones de la sociedad civil. También visitó numerosos centros comunitarios y escuelas, oficinas de ONG, un centro para personas con discapacidad, un centro de servicios sociales, un asentamiento informal de trabajadores inmigrantes, un bloque de viviendas privatizadas, un centro para trabajadoras domésticas y varias comunidades gitanas.
El sucesor de Alston, Olivier De Schutter, presentará el informe en el Consejo de Derechos Humanos el 7 de julio.
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