CERMI Asturias plantea al Gobierno Regional sus demandas sobre discapacidad ante la próxima convocatoria de empleo público

Nota de Prensa del CERMI

CERMI Asturias remarcó la necesidad de garantizar el cupo de reserva legal, así como las adaptaciones necesarias en relación al temario y accesibilidad de los espacios.

El Comité de Representantes de Personas con Discapacidad del Principado de Asturias (CERMI Asturias) se reunió con el director general de Función Pública, José María Gancedo, y la jefa del Servicio de Ordenación de Recursos Humanos de la región, María Jesús Fernández, ante la próxima convocatoria de oferta de empleo público del Principado de Asturias. El objetivo fue tratar el número de plazas para personas con discapacidad que la misma debe contemplar.

Desde la organización representante de las personas con discapacidad de Asturias destacaron la importancia de que la convocatoria “garantice el cupo de reserva legal, así como las adaptaciones oportunas y necesarias en relación al temario y a la accesibilidad de los espacios y materiales a utilizar en las diferentes pruebas”.

Asimismo, el Comité asturiano incidió en que la adopción de dichas medidas no sólo es una obligación legal, sino que además servirá para reforzar el papel del empleo público como vía de inclusión laboral de las personas con discapacidad.

En el encuentro fue consensuado que el CERMI sea el órgano interlocutor entre sus entidades y la Administración, trasladando a ésta todas las necesidades o sugerencias que en este sentido, se planteen y sean recogidas. Además, ofreció su colaboración y/o asesoramiento para cualquier duda o cuestión que pueda ser planteada en el seno de la Administración a lo largo de dicho proceso.

Por otra parte, desde el CERMI Asturias se hizo hincapié en que el límite legal para que todos los entornos, productos y servicios sean accesibles en España, es el 4 de diciembre de 2017 y que aquellos que no lo sean incurrirán en una ilegalidad. Desde el movimiento asociativo articulado en torno al CERMI se plantearán demandas judiciales o denuncias administrativas por infracción solicitando la aplicación de una sanción.

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