Permitida la reanudación de servicios sociales especializados a personas con discapacidad en los territorios en Fase 1
Los servicios sociales especializados a personas con discapacidad se reanudan en aquellas áreas territoriales incluidas en la Fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, según publica hoy el Boletín Oficial del Estado.
Así lo establece una Orden del Ministerio de Sanidad cuya entrada en vigor está fijada para las 00,00 horas del día 11 de mayo de 2020.
A tenor de esta nueva normativa, los servicios sociales deberán garantizar la prestación efectiva de todos los servicios y prestaciones recogidos en el Catálogo de Referencia de Servicios Sociales, aprobado por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia.
Para ello, los centros y servicios donde se presten dichos servicios y prestaciones deberán estar abiertos y disponibles para la atención presencial a la ciudadanía, siempre que esta sea necesaria, y sin perjuicio de que se adopten las medidas de prevención e higiene establecidas por las autoridades sanitarias.
Cuando sea posible, se priorizará la prestación de servicios por vía telemática, reservando la atención presencial a aquellos casos en que resulta imprescindible.
En todo caso, se garantizará la disponibilidad de acceso a los servicios de terapia, rehabilitación, atención temprana y atención diurna para personas con discapacidad y/o en situación de dependencia.
Se procede de este modo, como había solicitado el movimiento CERMI, a una reapertura ordenada y paulatina, con algunas especificidades. de los servicios sociales en las zonas de España donde la evolución de la pandemia es más favorable.
Para que la prestación de los servicios sociales a personas con discapacidad cobre su total plenitud, cuando estos son gestionados por organizaciones de iniciativa social sin ánimo de lucro, el CERMI recuerda la necesidad de que las Administraciones sociales competentes regulen marcos flexibles que se acomoden a la nueva realidad asistencial en tiempos de postpandemia, permitiendo conjugar la integridad del servicio con las medidas de protección de salud pública.
Además, estos poderes públicos deberán proporcionar nuevos recursos económicos para poder llevar a cabo los cambios y ajustes en la cartera de servicios sociales para adaptarlos a la nueva normalidad.